Avanza la sostenibilidad empresarial: luz verde para el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, un paso decisivo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la actividad empresarial. Este marco normativo, que se dirige ahora a su tramitación parlamentaria, incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la gestión corporativa. El proyecto de ley modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, y marca un avance en el marco de transparencia y responsabilidad social corporativa, acercando la normativa española a los objetivos del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Aspectos clave del Proyecto de Ley:
- Ámbito de aplicación y sujetos obligados.
La normativa introduce, en primer lugar, obligaciones de reporte de sostenibilidad para grandes empresas y, de manera adaptada, para medianas y pequeñas empresas cotizadas, quedando exentas las microempresas. Dichas entidades deberán incluir en sus informes información detallada sobre su impacto en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, así como los efectos de estos factores en su desempeño y situación financiera. A través de esta obligación, se pretende no solo garantizar una rendición de cuentas más profunda, sino también ofrecer a los interesados (stakeholders) un acceso directo a la información relativa a la sostenibilidad.
- Estándares de presentación y verificabilidad.
Por otra parte, el proyecto de ley establece la creación de un formato de presentación único a nivel europeo para los informes de sostenibilidad, en un formato electrónico que facilitará la comparabilidad y accesibilidad de la información entre los distintos Estados miembros. Además, se establece un régimen de verificación externa de estos informes, en términos similares a la auditoría financiera, lo que refuerza su rigor y objetividad. Será el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) con el respaldo del recientemente creado Registro Oficial de Auditores de Cuentas y Verificadores de Información sobre Sostenibilidad, quien asuma la supervisión de esta nueva área de verificación.
- Implementación gradual para una adaptación escalonada.
Asimismo, la ley prevé un calendario escalonado para su entrada en vigor:
- Las grandes empresas de interés público y entidades dominantes de grupos de interés público con más de 500 empleados deberán presentar en 2025 la información relativa al año fiscal 2024. A partir del 1 de enero de 2025, esta obligación también se aplicará a las restantes grandes empresas.
- Las PYMES cotizadas, aseguradoras cautivas y entidades de crédito pequeñas y no complejas deberán presentar esta información a partir del 1 de enero de 2026.
- Por último, filiales y sucursales españolas de empresas de terceros países con un volumen de negocio en la UE superior a 150 millones de euros asumirán dicha obligación a partir del 1 de enero de 2028.
Este cronograma permite a las entidades una adaptación progresiva de sus sistemas de gestión de Compliance a la nueva normativa y estándares europeos.
- Simplificación administrativa y ajustes en los umbrales empresariales.
Con el fin de reducir las cargas administrativas, el proyecto de ley también actualiza los umbrales de tamaño empresarial, elevando los límites de activo y volumen de negocio para que determinadas entidades catalogadas actualmente como grandes empresas puedan beneficiarse de un régimen de reporte contable simplificado. Esta medida, además de responder a la inflación de los últimos años, contribuye a una aplicación más eficaz de las obligaciones contables y normativas para las entidades afectadas.
- Implicaciones en materia de Compliance y gestión de riesgos.
Por último, desde la perspectiva de Compliance, la implementación de esta ley de sostenibilidad empresarial representa un desafío estratégico en la integración de obligaciones ESG en los sistemas de gestión y control de riesgos corporativos: Los órganos de cumplimiento deberán desarrollar y ajustar políticas de control interno, procedimientos de reporte y programas de auditoría interna, asegurando que las prácticas corporativas no solo cumplan con las normativas de sostenibilidad, sino que reflejen un compromiso tangible de buen gobierno.
Al hacerlo, las empresas no solo cumplirán con sus obligaciones, sino que también se posicionarán en ventaja competitiva en términos de reputación y atractivo para inversores, consolidando la confianza de stakeholders y reforzando el Compliance en sostenibilidad como una herramienta esencial de posicionamiento estratégico y responsabilidad corporativa.
En definitiva, el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad constituye un pilar fundamental en el panorama regulatorio de la responsabilidad social corporativa en España. Esta normativa no solo marca un hito en la regulación española, sino que también reafirma el compromiso del país con los principios del Pacto Verde Europeo, orientado hacia una economía más justa, transparente y ambientalmente responsable.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.